La Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó el decomiso automático de más de 8.000 vehículos que se encuentran secuestrados y acumulando polvo en depósitos judiciales y policiales. La medida busca paliar el problema de la sobrepoblación en estos predios, que no solo representan un foco de contaminación y riesgo sanitario, sino que también inmovilizan recursos que podrían ser reutilizados por el Estado. Sin embargo, la palabra «decomiso» ha desatado una ola de indignación entre la ciudadanía, que ve en el proceso una potencial injusticia o un manejo poco transparente.
La indignación se centra en varios puntos. Primero, la lentitud del proceso judicial que llevó a estos vehículos a convertirse en chatarra. Muchos de estos rodados fueron secuestrados por infracciones menores y sus propietarios, al no poder afrontar multas o trámites engorrosos, los abandonaron. Ahora, el decomiso automático borra la posibilidad de recuperarlos, sintiéndose como una confiscación estatal desproporcionada.
Segundo, la falta de claridad sobre el destino final de estos bienes. Aunque la ley contempla la subasta o la asignación a fuerzas de seguridad, la gente teme que el proceso sea aprovechado por redes internas o que los vehículos terminen siendo vendidos a precios irrisorios, beneficiando a unos pocos. La sociedad mendocina exige saber exactamente cómo y quién se beneficiará de estos 8.000 vehículos, muchos de los cuales, aunque deteriorados, aún poseen valor residual.
El fallo, que se apoya en una reforma judicial, intenta ser una solución a un problema de larga data. Pero para calmar la indignación, el Poder Judicial debe implementar un sistema de trazabilidad y transparencia total. Cada vehículo decomisado, su causa, y su destino final (destrucción, subasta o asignación) deben ser públicos. Solo así se podrá convertir un acto necesario en una política que genere confianza, en lugar de profundizar la sospecha y el enojo popular.
