La Municipalidad de Malargüe, que encabeza el intendente Celso Jaque (PJ), formalizó el reclamo para que el Ministerio Público Fiscal le devuelva el edificio que ocupa desde 2017 y le pague los servicios de luz, agua y gas consumidos en ese tiempo. La medida se apoya en la Ordenanza 2.405, que el Concejo Deliberante sancionó el 22 de octubre y que se publicó este martes 10 de noviembre en el Boletín Oficial.
El reclamo puede tener fundamento, pero deja una pregunta incómoda para la gestión municipal: durante casi nueve años el vecino de Malargüe financió parte del funcionamiento de la Justicia provincial, y casi tres de esos años corresponden a la administración de Jaque, que asumió tras ganar las elecciones de 2023. Hasta ahora no hay una cifra pública de cuánto representa esa deuda.
Qué dice la ordenanza 2.405
Según la información publicada por Los Andes y El Sol, la norma establece:
- La restitución progresiva del inmueble, un excentro Integrador Comunitario (CIC), con un cronograma de desocupación que garantice la continuidad del servicio judicial.
- Que el Departamento Ejecutivo inicie un reclamo administrativo ante los organismos provinciales por la electricidad, el agua y el gas consumidos.
- Un pedido de compensación por el uso «activo, continuo y exclusivo» del edificio desde 2017.
El acuerdo original con el Poder Judicial lo había firmado el exintendente radical Jorge Vergara Martínez. De acuerdo con El Sol, el proyecto de ordenanza surgió del bloque «Reconstruyendo Malargüe». Ese mismo medio sostiene que Jaque firmó un decreto para hacer efectiva la restitución; Los Andes, en cambio, describe la medida como la propia ordenanza.
Empleados municipales trabajando para la Justicia
El dato más llamativo aparece en los fundamentos de la norma: el municipio también adscribió personal municipal a tareas judiciales, con sueldos por debajo de la escala del Poder Judicial. Es decir, además del edificio y los servicios, la comuna puso empleados pagados con recursos del departamento.
Los fundamentos agregan que la Alcaidía local tampoco paga sus servicios esenciales, lo que sugiere que el problema excede al edificio del Ministerio Público. La ordenanza no detalla cuántos empleados fueron adscriptos, desde cuándo ni con qué costo.
La justificación del municipio
Según los considerandos citados por Los Andes, el uso gratuito del inmueble funciona en los hechos como un «subsidio indirecto» del municipio al Poder Judicial, algo que podría afectar la percepción de independencia y objetividad, y que obliga a garantizar la autonomía funcional y financiera entre poderes. El Sol añade que el convenio no tuvo una contraprestación económica proporcional y que el edificio está en un barrio residencial, con familias y chicos.
Los medios que informaron el tema no registraron una respuesta del Ministerio Público Fiscal, que conduce el procurador Alejandro Gullé.
Las preguntas que el intendente no respondió
- ¿Cuánto pagó el municipio en luz, agua y gas desde 2017, y cuánto de eso corresponde a la gestión actual?
- ¿Cuántos empleados municipales trabajan o trabajaron en tareas judiciales y cuánto le cuestan al departamento?
- ¿Por qué el reclamo llega recién ahora, casi tres años después de que Jaque asumiera?
- ¿Se reclamará también lo adeudado por la Alcaidía?
- ¿Qué destino tendrá el edificio una vez desocupado?
Box Diario consultó la información pública del municipio y no encontró respuesta oficial sobre estos puntos.
Qué significa para los vecinos
El planteo se suma a otras disputas entre municipios y la Provincia por recursos, como el reclamo de Rivadavia por la coparticipación ante la Corte y la pelea por la lucha antigranizo en el Sur provincial. En el caso de Malargüe, el resultado dependerá de que el municipio ponga números sobre la mesa: sin una cifra, el vecino no puede saber cuánto aportó durante casi una década ni cuánto podría recuperar.
Fuentes: Los Andes, El Sol, Boletín Oficial de Mendoza (Ordenanza 2.405 de Malargüe).
