La emergencia climática en Mendoza quedó a mitad de camino de convertirse en ley. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 14 de octubre, con 36 votos a favor y 7 en contra, el proyecto del Poder Ejecutivo que declara la emergencia hidrometeorológica y climática en toda la provincia ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño fuerte para la temporada 2026-2027. Ahora debe pasar por el Senado.
El único bloque que votó en contra fue el del Partido Justicialista, que objetó que la norma le da al Gobierno herramientas excepcionales para contratar sin fijar montos ni mecanismos claros de control legislativo.
Qué establece el proyecto de emergencia climática
El texto que envió el gobernador Alfredo Cornejo a la Legislatura el 30 de septiembre fija un esquema de excepción con plazos y facultades concretas:
- Plazo: 180 días corridos, prorrogables por otros 180 mediante un decreto fundado del gobernador.
- Contrataciones: según el artículo 4 citado por El Sol, el Ejecutivo y los entes descentralizados podrán hacer «todas las contrataciones necesarias» vinculadas a la emergencia sin seguir el régimen general de compras públicas, aunque deberán respetar principios de razonabilidad, publicidad, transparencia y control.
- Presupuesto: el Ejecutivo podrá ampliar o reasignar partidas mientras dure la emergencia.
- Obras: trabajos hidráulicos y de desagües pluviales, limpieza de cauces y canales, mantenimiento de rutas y ampliación de la red provincial de monitoreo preventivo.
- Rendición: al terminar la emergencia, la autoridad de aplicación tendrá 90 días para enviar a ambas cámaras un informe final consolidado.
El proyecto aclara que el régimen especial no puede usarse para «necesidades ordinarias, periódicas, previsibles o ajenas a la emergencia», y que no habilita designaciones de personal en planta permanente ni creación de cargos. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno e Infraestructura que conduce Natalio Mema.
Por qué el Gobierno pide la emergencia
El argumento oficial es el pronóstico. El Servicio Meteorológico Nacional ubica a la provincia ante una fase cálida de El Niño con intensidad estimada entre fuerte y muy fuerte, y un informe citado por El Sol proyecta subas de entre 30% y 60% en las lluvias de primavera y verano, con atención especial en octubre y noviembre. Las zonas más sensibles, según ese análisis, son el piedemonte del Gran Mendoza, San Rafael y Malargüe.
En el recinto, la radical Elisabeth Crescitelli defendió que la norma complementa la legislación vigente y es necesaria para actuar rápido ante casos de fuerza mayor. Su compañero de bancada Alberto López sostuvo que, aunque la limpieza de cauces es una tarea habitual, el fenómeno esperado supera los promedios estadísticos y exige respuestas extraordinarias.
Las críticas: montos, controles y transparencia
Desde el PJ, el diputado Germán Gómez resumió la postura de su bloque al calificar el proyecto como «una emergencia en blanco»: según planteó, la ley no fija montos ni un control legislativo claro y deja la discrecionalidad en manos del Ejecutivo.
El diputado Lucas Ilardo acompañó en general pero cuestionó que no exista un plan detallado previo y pidió la máxima transparencia en la publicación de cada contrato que se firme bajo este régimen.
El debate se suma a otras discusiones abiertas sobre la gestión del agua en la provincia, como la demora en el envío del Plan Hídrico a la Legislatura, y a la seguidilla de leyes que el oficialismo aprobó con su mayoría en la misma semana, como la reforma del régimen disciplinario de los estatales.
Qué sigue
- El proyecto pasa al Senado para su tratamiento definitivo.
- Si se aprueba, la emergencia empezará a correr desde su promulgación y regirá en plena temporada de lluvias.
- La oposición anticipó que seguirá de cerca la publicación de las contrataciones directas que se hagan al amparo de la norma.
Para los vecinos, la clave estará en si las obras de desagüe y limpieza de canales llegan a tiempo a los puntos críticos antes de las tormentas, y en que cada peso gastado bajo la excepción quede a la vista. Mientras tanto, el Presupuesto 2027 en debate ya muestra las prioridades del Gobierno, como los $410.000 millones para el subsidio al transporte.
Fuentes: Diario Uno, El Sol, Economía Sustentable, Legislatura de Mendoza, Servicio Meteorológico Nacional.
