El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, se apartó de la causa contra Marcelo D’Agostino, exsubsecretario de Justicia de la Provincia, investigado por hechos denunciados en un contexto de violencia de género. Garay había sido sorteado en septiembre para integrar la sala de tres jueces que debe resolver un planteo de la querella, pero pidió inhibirse por su vínculo profesional con el imputado durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo.
Por qué se apartó Garay
Entre 2015 y 2018, Garay fue ministro de Gobierno de Cornejo. En ese período, la Subsecretaría de Justicia funcionaba dentro de su ministerio y su titular era justamente D’Agostino. Según informaron Los Andes y MDZ, el presidente de la Corte invocó esos vínculos personales y profesionales para dar un paso al costado. La inhibición debe ser aceptada por el resto de los ministros del tribunal.
La sala original estaba integrada por Garay, María Teresa Day y José Valerio. Para cubrir el lugar vacante, la Corte deberá realizar un nuevo sorteo entre los otros ministros: Norma Llatser, Mario Adaro, Julio Gómez y Omar Palermo.
Qué tiene que decidir la Corte
El planteo en discusión apunta contra la continuidad de la jueza subrogante María Jimena González Pina al frente de la causa. La querella la recusó con dos argumentos principales: que su condición de jueza subrogante, sin estabilidad en el cargo, afectaría su independencia, y que D’Agostino participó como consejero suplente del Consejo de la Magistratura en procesos de evaluación en los que ella intervino.
La propia González Pina rechazó esos cuestionamientos y sostuvo que «no hay pruebas» que permitan sospechar que sus decisiones dependan de cómo resuelva este expediente. En julio, un tribunal colegiado penal integrado por Mauricio Juan, Carmen Magro y Fernando Martínez rechazó la recusación por considerar que se basaba en «meras especulaciones». La querella llevó el tema a la Suprema Corte, que ahora tiene la última palabra.
En qué estado está la causa
De acuerdo con Los Andes, D’Agostino está imputado por coacciones en un contexto de violencia de género contra su expareja y por tenencia ilegal de armas de guerra. Además existe una denuncia por presunto abuso sexual que, según ese medio, no tenía hasta junio una acusación formal. La causa está en etapa de investigación y no hay condena: rige el principio de inocencia.
El expediente acumuló meses de demoras por una seguidilla de recusaciones cruzadas. La querella, representada por la abogada María Elena Quintero, pidió en junio la detención del exfuncionario por una supuesta interferencia en la investigación. La defensa, a cargo de Eduardo De Oro y Daniel Sosa Arditi, también recusó a una integrante del tribunal de apelación por comentarios en un chat, según publicó El Sol.
El trasfondo político
La causa tiene una dimensión institucional evidente: involucra a un exfuncionario del área de Justicia del gobierno provincial, a una jueza que fue evaluada en un organismo donde él participó y ahora al presidente de la Corte, que fue su superior directo. Cada uno de esos vínculos obligó a reacomodar a quienes deben resolver y vuelve a poner en debate cómo se garantiza la imparcialidad cuando el investigado formó parte del poder político. El tema se suma a otros expedientes de alto impacto en la Justicia mendocina, como el que terminó con el acuerdo de juicio abreviado de Orozco y Janina Ortiz, y a la discusión sobre designaciones judiciales que reabrió la postulación de Gonzalo Gassull en el fuero federal.
Qué sigue
- La Corte debe aceptar la inhibición de Garay y sortear a su reemplazante.
- La nueva sala resolverá si González Pina sigue o no al frente de la investigación.
- Esa definición despejará quién conduce la investigación y deberá resolver los pedidos pendientes de las partes.
Fuentes: Los Andes; MDZ; El Sol.
