El Régimen Penal Juvenil de Mendoza ya es ley. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva este miércoles 30 de septiembre al proyecto que adecua el sistema penal y judicial de la provincia a la nueva ley nacional, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La votación terminó 32 a favor y 10 en contra, con los votos negativos del bloque Encuentro Mendocino; según MDZ, además hubo una abstención, la del diputado Lucas Ilardo.
La norma modifica más de un centenar de artículos de la ley provincial del Régimen Penal Juvenil Especial y del Código Procesal Penal, y ordena cómo se investigará, juzgará y controlará a los adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos. Mendoza se alinea así con la Ley nacional 27.801, que el Congreso aprobó en febrero de este año.
Qué cambia con el nuevo Régimen Penal Juvenil
El eje de la reforma es que los adolescentes desde los 14 años podrán ser sometidos a proceso penal, pero dentro de un fuero especializado y con reglas propias, separadas de las de los adultos. Entre los puntos centrales se destacan:
- Fuero especializado: habrá tribunal penal juvenil, jueces, fiscales y defensores con formación específica. Los juicios serán orales, rápidos y reservados, y estarán a cargo de jueces técnicos, no de jurados populares.
- Plazos cortos: tras una aprehensión, el fiscal tendrá 3 horas para decidir si el adolescente pasa a la UPANA o vuelve con su familia. En casos de flagrancia, la primera audiencia debe hacerse dentro de los 3 días de la acusación.
- Prisión preventiva acotada: según Diario UNO, podrá dictarse por períodos de hasta 3 meses, con un máximo total de 18 meses.
- Alternativas a la detención: monitoreo electrónico y arresto domiciliario supervisado, entre otras medidas.
- Identidad protegida: se prohíbe difundir nombres, imágenes o datos que permitan identificar a los adolescentes, y la Justicia podrá ordenar que se bajen contenidos digitales.
Los organismos que intervienen
La ley redefine el esquema institucional que atenderá cada etapa del proceso:
- UPANA (Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia): reemplaza a la vieja comisaría del menor y recibe a los adolescentes apenas son aprehendidos. La permanencia máxima allí será de 12 días.
- UMA (Unidad de Medidas Alternativas): se ocupa de las medidas no privativas de la libertad y de los programas comunitarios.
- UPL (Unidad de Privación de Libertad): administra los centros especializados.
- DRPJ (Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil): supervisa los centros de detención, que deben estar separados de los de adultos.
Además, los chicos de 14 y 15 años deberán estar separados de los de 16 y 17. Durante la detención, la educación formal será obligatoria y no podrá suspenderse como sanción, y habrá formación en oficios, actividades culturales y deportivas.
La privación de libertad, como última opción
El texto prioriza la justicia restaurativa, la mediación, la conciliación, los criterios de oportunidad y la suspensión del juicio a prueba antes que el encierro. Se crean supervisores especializados, que deberán informar avances cada tres meses, proyectos individuales de reinserción social con equipos interdisciplinarios y un cuerpo de mediadores de justicia restaurativa juvenil.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, defendió la ley con una frase que el oficialismo repite desde que envió el proyecto: “En Mendoza, cometer delitos tiene consecuencias”. También remarcó que el sistema combina responsabilidad penal con herramientas de rehabilitación.
La provincia ya venía preparando el terreno: hace unos días recibió de Nación el sistema informático para seguir las medidas judiciales a adolescentes, una de las piezas operativas del nuevo esquema.
Qué sigue
Con la sanción de Diputados, resta la promulgación del Poder Ejecutivo y la reglamentación de los artículos modificados para que el nuevo sistema empiece a funcionar en los tribunales. El desafío práctico será poner en marcha los juzgados y fiscalías especializadas, capacitar personal y adecuar los centros de detención, en un contexto de restricción del gasto fijado por el decreto 1929 a la espera del Presupuesto 2027.
Qué significa para los mendocinos
Desde la entrada en vigencia, un adolescente de 14 o 15 años acusado de un delito podrá enfrentar un proceso penal con posibles sanciones, algo que hasta ahora no ocurría en la provincia. Para las familias, la ley fija plazos concretos, garantías de defensa y la obligación de sostener la escolaridad. Para las víctimas, abre una vía judicial que antes quedaba limitada a medidas de protección. El tema se suma a la agenda de niñez que la provincia también trabaja con organismos como UNICEF, con quien firmó un acuerdo vigente hasta 2027.
Fuentes: Diario UNO, MDZ.
