El juez citó un tecnicismo legal sobre el vencimiento de la prisión preventiva para liberar a un criminal con un historial violento, generando indignación en la comunidad que lo denunció reiteradamente. La policía de Mendoza ya ha emitido una alerta de precaución a los barrios afectados por esta polémica decisión judicial.
La confianza en el sistema judicial de Mendoza ha sido sacudida por un polémico fallo que ordenó la extraña liberación de un criminal peligroso, conocido en los registros policiales por su historial de robos agravados y violencia doméstica. La decisión, amparada en un tecnicismo legal, ha provocado una explosión de indignación entre los vecinos de los barrios de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, quienes temen por su seguridad ante el regreso del delincuente a las calles.
El sujeto, identificado como «El Mono», se encontraba cumpliendo prisión preventiva por una serie de asaltos a mano armada. La liberación fue dictada por la Tercera Cámara del Crimen al considerar que se había vencido el plazo máximo de la prisión preventiva sin que se dictara sentencia firme. Aunque los fiscales habían solicitado prórrogas y habían argumentado el riesgo de fuga y reincidencia, el juez de turno se apegó estrictamente al límite de tiempo, priorizando el derecho procesal del imputado por sobre la seguridad pública.
«Es una bofetada a la cara de las víctimas», declaró visiblemente afectada Marta Gómez, vecina de Carrodilla cuya casa fue asaltada por «El Mono» hace menos de un año. «Él nos amenazó de muerte, y ahora sale libre por ‘papeles’. Nosotros estamos encerrados por miedo, y él está en la calle. Esto genera una indignación insoportable». El testimonio de Gómez es un eco de la frustración colectiva que se siente en la provincia ante la percepción de una justicia lenta y burocrática.
La extraña liberación ha puesto en jaque la seguridad de los barrios afectados, obligando a la policía a reforzar las patrullas en la zona. Fuentes de la Comisaría 47 confirmaron la emisión de una alerta de precaución interna, reconociendo que el historial violento del criminal sugiere un alto riesgo de reincidencia. Los expertos en criminología señalan que si bien el derecho a la defensa y el cumplimiento de los plazos procesales son vitales, el sistema debe ser capaz de balancear estos derechos con el imperativo de proteger a la ciudadanía de un criminal peligroso que aún no ha sido juzgado.
La indignación se dirige no solo al juez que firmó la liberación, sino a la lentitud general del proceso judicial mendocino, que permite que los plazos de la prisión preventiva expiren. Los vecinos están organizando una manifestación frente a los tribunales para exigir una reforma en los procedimientos que garantice que la justicia sea efectiva y rápida, y que la seguridad de la gente común no sea sacrificada por tecnicismos legales. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿quién se hace responsable si este criminal reincide? La respuesta es la que mantiene a Mendoza en vilo.
