Sociedades científicas argentinas han elevado un pedido formal a la Cámara de Diputados para suspender una actividad antivacunas programada en el Congreso, provocando una indignación generalizada en el ámbito médico. La presencia de teorías sin respaldo científico en el Poder Legislativo es vista como un peligro para la salud pública.
La convocatoria de una actividad antivacunas en un anexo del Congreso de la Nación ha generado una gran indignación en toda la comunidad científica, médica y sanitaria del país. La indignación se debe a la legitimación que, aunque indirectamente, el Poder Legislativo le otorga a teorías que carecen de base empírica y que han sido refutadas una y otra vez por la ciencia. El cumplimiento de la promesa se da al explicar el riesgo a la salud.
La actividad antivacunas es considerada por infectólogos y pediatras como un ataque directo a la salud pública, en un momento en que el país necesita reforzar los calendarios de vacunación, especialmente en el contexto de un resurgimiento de enfermedades prevenibles. El pedido formal de suspensión fue presentado por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), quienes argumentan que permitir esta actividad antivacunas viola el principio de precaución y pone en riesgo a la población, particularmente a los niños. La indignación es la respuesta de la ciencia ante la desinformación.
El Congreso, como caja de resonancia de la nación, no debería ser el espacio para difundir contenido que va en contra de consensos científicos fundamentales. La indignación de los profesionales se traduce en un llamado de alerta a la población mendocina. El riesgo es que estas posturas influyan en padres y madres, llevando a una disminución en las coberturas de vacunación, lo que podría desencadenar brotes de sarampión, poliomielitis u otras enfermedades ya controladas. La actividad antivacunas es un peligro real.
