El sector vitivinícola mendocino respiró profundamente. Tras años de reclamos y una burocracia sofocante, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), por orden del Gobierno Nacional, derogó 973 normas y resoluciones que, según los productores, operaban como controles excesivos y punitivos. Esta medida, catalogada como una «flexibilización histórica», llega como una salvavidas para las Bodegas Mendoza , que luchan por mantener su competitividad en un mercado global.
El economista Federico Sturzenegger, uno de los promotores de la iniciativa, explicó la razón de fondo con una frase contundente: «¿Por qué tratarlos como delincuentes?». El objetivo principal es desregular y simplificar los procesos, permitiendo que la producción se centre en la calidad y la eficiencia, en lugar de en el cumplimiento de regulaciones arcaicas. Las bodegas venían denunciando que el INV había pasado de ser un ente de control de calidad a una «policía» que entorpecía los negocios con millas de exigencias innecesarias, muchas de ellas contradictorias y obsoletas.
La mayoría de las normas eliminadas se refieren a procedimientos internos de control de existencias, trazabilidad y logística que ahora podrán ser implementadas por las propias empresas bajo declaración jurada y responsabilidad civil, sin la intervención constante del Estado. Para una provincia como Mendoza, donde la economía se apoya fuertemente en el vino, este cambio tiene un impacto macroeconómico y social inmenso. Se espera que la liberación de tiempo y recursos financieros se traduzca en mayor inversión, creación de empleo y, crucialmente, una mejora en la capacidad de exportación.
Representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) expresaron su Alivio , señalando que esta reforma destraba la posibilidad de innovar y expandirse. La simplificación administrativa no solo beneficia a las grandes bodegas exportadoras, sino que es vital para los pequeños y medianos productores, que eran los más golpeados por los costos de la burocracia excesiva. El desafío ahora es asegurar que esta flexibilización no afecte la calidad del vino argentino, un estandarte de la Marca País, manteniendo controles efectivos pero enfocados en la adulteración y el fraude, y no en la fiscalización minuciosa de procesos internos.
