Un estudio de opinión pública arrojó un dato sorprendente sobre la visión de los mendocinos respecto a la actividad minera. La percepción social está cambiando rápidamente, impulsada por la promesa de desarrollo económico y empleo genuino.
Mendoza está experimentando un giro total en su debate productivo, y una encuesta clave de la consultora Poliarquía acaba de revelar el sorprendente cambio de mentalidad de los mendocinos respecto a la minería. El estudio, realizado en los 18 departamentos, mostró que la balanza se inclina por primera vez en años a favor de la actividad, siempre y cuando se desarrolle bajo estrictos controles ambientales. Este dato genera una gran esperanza para el sector económico.
Históricamente, la minería en Mendoza ha sido un tema de profunda división social, marcado por la Ley 7722. Sin embargo, la persistente crisis económica y la necesidad de generar empleo genuino habrían reorientado la opinión pública. Según Poliarquía, más del 60% de los consultados en el Gran Mendoza y el Sur provincial ven con buenos ojos la posibilidad de desarrollar proyectos metalíferos, siempre y cuando se garantice la protección del recurso hídrico, una condición innegociable.
El punto de inflexión es la promesa de empleo. La encuesta arrojó que la principal razón del cambio de postura es la necesidad de diversificación económica frente a la sequía que afecta la vitivinicultura. Los mendocinos parecen estar dispuestos a aceptar la actividad si el Gobierno garantiza un «cuidado del agua a la altura de la exigencia social» y una fiscalización implacable sobre las empresas.
En la zona Sur, donde se ubican los proyectos más avanzados, como el de Hierro Indio, la aprobación supera el 70%. Los habitantes de Malargüe, por ejemplo, manifestaron que el desarrollo minero es la única vía para frenar el éxodo juvenil y reactivar la economía de la región. Esta nueva percepción es un espaldarazo político para el Gobierno provincial, que desde el inicio de su gestión ha intentado encontrar un equilibrio entre producción y sostenibilidad.
La esperanza se basa en que, con este nuevo consenso social, se puedan destrabar proyectos de gran envergadura que generen miles de puestos de trabajo directos e indirectos. El informe de Poliarquía es claro: la sociedad ya no rechaza la minería per se, sino que exige responsabilidad. Este giro total obliga al Gobierno a redoblar los esfuerzos en materia de comunicación y control, asegurando que el desarrollo económico no comprometa el patrimonio ambiental de Mendoza.
