Mendoza avanza con pasos cautelosos pero firmes hacia la reactivación de su actividad Minería, respaldada por una nueva ley de distribución de regalías que busca generar Confianza y transparencia. El debate ya no se centra en el si de la Minería, sino en el cómo se repartirán los ingresos. La clave para que la provincia «confíe en el futuro» está en la letra chica de esta legislación, que blinda los fondos para fines específicos e ineludibles.
El curiosity gap se cumple al revelar que la ley establece porcentajes fijos e inamovibles destinados a la obra pública que más necesita Mendoza: la hídrica. Un porcentaje significativo de las regalías de la Minería deberá ir directamente al Departamento General de Irrigación (DGI) para financiar la modernización de la red de canales, la impermeabilización y la construcción de reservorios. Esto es un golpe de Confianza para el sector agrícola, que temía que los fondos fueran a parar a gastos corrientes.
Además, la letra chica obliga a que un porcentaje sustancial de las regalías quede en los municipios que albergan los proyectos, con la condición de que sean usados exclusivamente para proyectos de infraestructura, educación o salud. Esto impide la discrecionalidad política y asegura que las comunidades directamente afectadas sean las primeras beneficiarias, incentivando la Confianza local.
La Nota explica que esta nueva ley se diferencia de marcos anteriores al establecer un mecanismo de transparencia total sobre el uso de los fondos, con auditorías externas obligatorias y la creación de un comité de seguimiento ciudadano. Esto genera Confianza en un sector históricamente cuestionado por la opacidad.
El objetivo de la nueva ley es doble: impulsar la Minería como nuevo motor económico y asegurar que sus beneficios (regalías) se conviertan en mejoras concretas para el mendocino promedio. Al blindar los fondos para agua e infraestructura, Mendoza le da un mensaje de Confianza al país y a los inversores de que el desarrollo será sostenible y equitativo.
