El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha señalado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como responsable de los incendios que devastan la Patagonia desde diciembre de 2024. Esta organización ha sido declarada grupo terrorista, atribuyéndole acciones como ataques a propiedades, usurpaciones e incendios en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Acusaciones del Gobierno
Desde El Bolsón, una de las localidades más afectadas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el gobierno será «implacable con aquellos que incendian, que hacen terrorismo, que queman propiedades, que queman bosques». Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Petri, describió el incendio como «intencional, doloroso, premeditado» y responsabilizó a «inadaptados que tienen que ser calificados sin lugar a dudas como terroristas».
Medidas gubernamentales
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para agravar las penas de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación. A través de su cuenta de X, expresó: «Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación». Además, afirmó que «terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas».
Reacciones de la comunidad mapuche
La activista mapuche Moirá Millán denunció una «persecución absolutamente descarada y desalmada contra el pueblo mapuche», además de «detenciones arbitrarias e ilegales» y «amenazas de muerte» a miembros de la comunidad. Cuestionó las acusaciones, señalando que el avance de las llamas también afecta al colectivo mapuche.
Recursos desplegados
El gobierno ha desplegado recursos significativos en la Patagonia para combatir los incendios, incluyendo aviones, helicópteros, autobombas forestales y brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y la Policía Federal Argentina. Además, se destinaron fondos a las provincias afectadas para la reconstrucción de viviendas.
La situación en la Patagonia es crítica, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la comunidad mapuche. Es esencial que la justicia investigue a fondo para determinar responsabilidades y que se promueva el diálogo entre las partes involucradas para encontrar soluciones que beneficien a todos.
