El ex juez federal seguirá detenido en Cacheuta tras rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal.
En una nueva instancia judicial, Walter Bento, ex juez federal bajo investigación por supuesto cobro de coimas en Mendoza, ha visto denegado el beneficio de prisión domiciliaria. El máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó la solicitud en plena feria judicial de enero, consolidando la decisión previa del tribunal encargado del megajuicio en su contra.
Desde el 8 de noviembre, Bento se encuentra bajo prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal VI en Cacheuta. A pesar de los esfuerzos de sus abogados por cambiar la modalidad de su arresto, la justicia ha reafirmado su decisión de mantenerlo detenido.
La Cámara Federal, compuesta por los magistrados Diego Barroetaveña, Carlos Alberto Mahiques y Guillermo Jorge Yacobucci, desestimó incluso la posibilidad de analizar el recurso presentado por Bento, al considerar que las juezas previas expresaron adecuadamente las razones de su decisión. Además, se descartó el argumento relacionado con la salud de Facundo Bento, hijo del exmagistrado, alegando que no se evidencia una situación de vulnerabilidad que justifique un cambio en la modalidad de la prisión preventiva.
Con esta nueva negativa, la defensa de Bento podría apelar ante la Corte, aunque hasta ahora no se ha confirmado dicha acción. Mientras tanto, Walter Bento continuará detenido en el complejo penitenciario de Cacheuta, a la espera del veredicto final en el megajuicio que determinará su culpabilidad o inocencia. Se anticipa que el megadebate se reanudará en los primeros días de febrero.
Repaso del caso del exjuez
El caso contra Bento se originó a mediados de 2020 con la desaparición y posterior hallazgo del supuesto empresario Diego Aliaga, quien supuestamente tenía conexiones para facilitar la liberación de presos vinculados al contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. La investigación, liderada por el fiscal federal Dante Vega, llevó a la detención del exjuez y otros 30 procesados en mayo de 2021.
La acusación sostiene que Bento encabezaba una organización ilícita dedicada a gestionar coimas para otorgar beneficios a presos, como arrestos domiciliarios o libertad condicional. Aliaga, considerado la mano derecha del magistrado, se encargaba de contactar a personas detenidas por delitos de contrabando o narcotráfico y les ofrecía beneficios a cambio de pagos en efectivo o propiedades.
La fiscalía cuenta con un extenso respaldo de testigos, mensajes y llamadas que, según ellos, evidencian los sobornos y la participación de Bento. Mientras tanto, la defensa alega que el caso es una construcción política en su contra. Además, se acusa a Bento y su familia de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, señalando numerosos viajes, adquisiciones de propiedades y vehículos como pruebas de estas actividades ilegales.
