El mandatario saliente del país, Alberto Fernández modificó una normativa para que el Estado le pague su custodia personal.
El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, generó controversia al aprobar un decreto que otorga al Estado argentino la responsabilidad de financiar los servicios de seguridad y guardaespaldas del propio mandatario, tanto a nivel nacional como internacional. La medida fue formalizada a través del decreto 735/2023, publicado este sábado en el Boletín Oficial.
La disposición modifica varios decretos anteriores, incluyendo los de mayo de 2004, diciembre de 2019 y febrero de 2020, para ajustar los “objetivos de la Casa Militar de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
Entre las modificaciones más destacadas, la nueva normativa establece que la Casa Militar será la encargada de proveer la seguridad no solo del presidente en funciones, sino también del vicepresidente, exmandatarios y sus familiares directos.
Además, se extiende la protección a la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del presidente y su familia.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 14 del decreto, que indica que los efectivos de la Policía Federal Argentina asignados a la División Custodia Presidencial, División Custodia Vicepresidencial y Unidad Custodia Ex Mandatarios actuarán bajo el control operacional de la Casa Militar, específicamente a través de la Agrupación Seguridad e Inteligencia.
