En medio de la reciente subida de precios, los supermercados argentinos afirman que su realidad económica está directamente vinculada a las decisiones de sus proveedores. Tras el acuerdo establecido con la Secretaría de Comercio, que dicta aumentos controlados, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) insta a la prudencia en la gestión de los costos.
La Secretaría de Comercio anunció un pacto el martes con supermercados y empresas de consumo masivo, estableciendo un límite de incremento de hasta el 12% para noviembre y hasta el 8% para diciembre. Este acuerdo tiene como objetivo prevenir abusos en los precios y garantizar el abastecimiento durante la transición de gobierno.
En respuesta, la CAS emitió un comunicado subrayando que «lo importante es que las empresas acompañaron esto y se bajaron las listas que estaban llegando con el 40%; también hubo un compromiso para garantizar abastecimiento». Asimismo, destacaron su dependencia directa de los precios fijados por los proveedores, subrayando que no son los formadores de precios.
Para llevar adelante una transición ordenada, se han programado encuentros a lo largo de la semana con supermercados y empresas adheridas al programa Precios Justos. El objetivo principal es evitar abusos, mantener el abastecimiento en las góndolas y salvaguardar el poder adquisitivo de los consumidores.
En el comunicado, los representantes de la CAS y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) enfatizaron la necesidad de proceder con «extrema prudencia» y solicitaron respetar las pautas establecidas por el Gobierno Nacional. Además, hicieron un llamado a la cautela en los casos en que dichas pautas no sean alcanzadas.
