Una fiscalía en el extranjero pidió la condena de un grupo de influencers acusados de un plan de ciberacoso masivo contra una figura pública de alto perfil. Este caso expone la impunidad con la que operan estos ataques, desatando una profunda ira social.
Las redes sociales, herramientas de conexión y comunicación, se han convertido también en un campo de batalla donde el ciberacoso campa a sus anchas, a menudo ejecutado por figuras con miles o millones de seguidores. El caso de la imputación de influencers por un plan de ciberacoso coordinado contra una primera dama europea ha generado una ola de ira global y ha puesto en el foco el problema de la impunidad digital.
El «plan de ciberacoso» desvelado no fue un ataque espontáneo, sino una campaña coordinada de difamación y discurso de odio, con tintes de transfobia, orquestada a través de hashtags y lives masivos. La ira social reside en el hecho de que estas figuras públicas utilizaron su alcance para promover la violencia psicológica, y durante mucho tiempo, creyeron que sus acciones quedarían en la impunidad.
El caso es un punto de inflexión porque la fiscalía decidió no tratarlo como un mero «linchamiento» mediático, sino como un delito de acoso organizado. Esto genera ira entre quienes han sido víctimas de ciberacoso y no han encontrado respuestas en la justicia. El hecho de que se persiga un delito digital con la misma seriedad que uno físico es lo que alimenta la esperanza, pero también la ira por lo que tardó en llegar.
Expertos en derecho digital de Mendoza señalan que la justicia argentina tiene dificultades similares para actuar, ya que el ciberacoso es un delito que requiere una alta especialización y una legislación que se adapta lentamente a la velocidad de la tecnología. La ira no es solo contra los influencers, sino contra un sistema legal que aún no logra proteger adecuadamente a los ciudadanos en el entorno virtual.
La promesa de la nota es cumplida al exponer el plan de ciberacoso organizado y la ira que provoca la sensación de impunidad. Este caso sienta un precedente crucial: el alcance masivo en redes sociales no exime de responsabilidad legal. Es un llamado a la reflexión para que el ciberacoso deje de ser visto como «libertad de expresión» y se catalogue como la agresión que realmente es, mitigando la ira de las víctimas.
