Existe una maniobra jurídica que deja a los clubes de barrio y de primera división con las manos vacías ante Europa. Entender este mecanismo es descubrir la mayor pesadilla económica de las dirigencias del fútbol nacional.
El fútbol argentino es una cantera inagotable de talento, pero también es el escenario de una de las disputas legales más amargas de la industria deportiva. Cuando los hinchas escuchan que una de sus promesas juveniles abandonó el club de un día para el otro, el término que suele aparecer como culpable es la patria potestad. Entender que es patria potestad en el contexto futbolístico es adentrarse en un terreno donde el derecho civil se cruza con los intereses millonarios de los grandes clubes europeos, dejando a las instituciones formadoras locales en una situación de total vulnerabilidad.
En términos jurídicos simples, la patria potestad (ahora denominada «responsabilidad parental» en el nuevo Código Civil argentino) es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos menores de edad. Sin embargo, en el fútbol, esta figura se utiliza como una herramienta para romper el vínculo federativo de un jugador juvenil con su club de origen. La maniobra es conocida: un club extranjero tienta a los padres con una oferta laboral en otro país; al mudarse los progenitores por razones de trabajo, el menor debe acompañarlos, y así se solicita la libertad de acción basándose en el derecho de la familia a estar unida.
La indignación de los clubes argentinos, desde los grandes de la capital hasta los históricos de Mendoza como Godoy Cruz o Independiente Rivadavia, radica en que esta figura legal suele ser una «pantalla». En la mayoría de los casos, los empleos ofrecidos a los padres son ficticios o armados por el club que desea fichar al joven talento. Al no tener el jugador un contrato profesional firmado —algo que la ley impide hacer hasta los 16 o 18 años según la jurisdicción—, el club formador no recibe ni un solo dólar por el traspaso, perdiendo años de inversión en alimentación, educación y entrenamiento deportivo.
Casos emblemáticos como los de Fabricio Coloccini o, más recientemente, jóvenes que parten hacia las ligas de España o Italia, han puesto este tema en la agenda nacional. Aunque la FIFA ha intentado regular la protección de menores, el derecho civil del país de origen siempre prevalece. Esto crea una contradicción feroz: mientras el club protege su patrimonio deportivo, la ley protege el derecho constitucional de los padres a decidir sobre el futuro y la residencia de sus hijos.
Desde Box Diario, revelamos que el impacto de la patria potestad es una de las razones por las cuales muchos clubes optan por «blindar» a sus juveniles con contratos precoces, aunque esto no siempre sea una garantía suficiente. Para el hincha, es un robo; para la ley, es el ejercicio de un derecho familiar. Lo cierto es que, mientras este vacío legal persista, el fútbol argentino seguirá exportando su futuro de manera gratuita, viendo cómo sus mejores diamantes se pulen en otras tierras sin dejar compensación alguna en el lugar que los vio nacer.
