La Agencia Nacional de Discapacidad administra las pensiones y el Certificado Único de Discapacidad para millones de argentinos. Un escándalo de audios filtrados destapó una presunta red de coimas que sacude al Gobierno y pone en jaque la atención a uno de los sectores más vulnerables del país.
a Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es el organismo descentralizado del Estado argentino responsable de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Creada en 2017 mediante el Decreto 698/17, esta entidad tiene bajo su órbita funciones cruciales: la administración de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la gestión del programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a quienes no cuentan con obra social.
Sin embargo, en los últimos meses, ANDIS dejó de ser un organismo técnico para convertirse en el epicentro de una tormenta política sin precedentes. Todo estalló en agosto de 2025, cuando se filtraron audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y exabogado personal del presidente Javier Milei. En las grabaciones, Spagnuolo habría revelado detalles de una presunta red de coimas vinculada a droguerías proveedoras del sistema de salud para personas con discapacidad.
La investigación judicial avanzó con 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Durante los operativos se secuestraron más de 200 mil dólares en efectivo, un teléfono celular con información sensible y documentación que acredita pagos por más de 10 mil millones de pesos a proveedores del programa Incluir Salud. La empresa Suizo Argentina, una de las principales droguerías involucradas, quedó en el centro de las sospechas.
El Gobierno reaccionó designando un interventor para el organismo, pero las críticas no cesaron. Trabajadores y organizaciones de la sociedad civil denunciaron un desmantelamiento sistemático del área de control interno: de 16 auditores que fiscalizaban las prestaciones, hoy solo quedan cinco. Esta reducción habría facilitado irregularidades y, según los denunciantes, provocó la baja injustificada de tratamientos esenciales para niños y niñas con discapacidad.
El escándalo de corrupción se suma a una serie de medidas controversiales que ya habían puesto a ANDIS en el ojo de la tormenta. En 2024, el Decreto 843 endureció drásticamente los requisitos para acceder a las Pensiones No Contributivas, exigiendo una incapacidad laboral total y permanente del 66% o más, junto con una situación de vulnerabilidad extrema comprobable. Miles de beneficiarios quedaron en riesgo de perder sus prestaciones.
A comienzos de 2025, otro traspié: la Resolución 187/2025 debió ser modificada tras utilizar terminología discriminatoria y obsoleta en sus anexos médicos, lo que generó el repudio de organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en derechos humanos.
Para millones de argentinos que dependen del CUD para acceder a medicamentos, transporte gratuito, coberturas de salud y otros derechos, ANDIS representa mucho más que una sigla burocrática. Es la puerta de entrada a una vida con dignidad. Por eso, el actual escándalo no solo expone fallas institucionales, sino que pone en riesgo la atención de uno de los sectores más postergados de la sociedad.
La Justicia continúa investigando. Las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance real de la red de corrupción y si las reformas prometidas lograrán devolver transparencia a un organismo que, hoy más que nunca, necesita recuperar la confianza de quienes más lo necesitan.
