La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha implementado una nueva capa de vigilancia en el sistema Puerta a Puerta que ha generado pánico entre los compradores online. El riesgo de confiscación no reside en la cantidad de productos, sino en un error en la valoración aduanera. La nueva disposición exige que el valor declarado del producto no solo coincida con la factura de compra, sino que se ajuste a un valor de referencia fiscal interno que la Aduana utiliza para ciertos productos masivos. Si el valor declarado por el comprador se considera «significativamente inferior» a este valor de referencia —buscando evitar impuestos—, el paquete es retenido.
El pánico se basa en que este valor de referencia no es público ni transparente para el usuario final, creando un curiosity gap perjudicial para el consumidor. La Restricciones AFIP apuntan a un sistema de perfilamiento de riesgo. La confiscación ocurre cuando el usuario, al ser notificado de la retención, no logra justificar la diferencia de precio con documentación adicional. Específicamente, el nuevo protocolo establece que la diferencia de valor superior al 30% del precio de referencia interno puede derivar en la presunción de contrabando menor, llevando a la retención definitiva. Para evitar este riesgo inminente, los compradores deben ser extremadamente conservadores con sus declaraciones, e incluso considerar contratar servicios de correo privado que ofrezcan una validación de documentos antes del envío para asegurar el cumplimiento del valor de referencia fiscal. Si bien la medida busca evitar la evasión, en la práctica, ha creado un terreno minado de incertidumbre y miedo para el consumidor promedio.
