La estabilidad del gabinete de Javier Milei, una constante desde el inicio de su gestión, acaba de recibir un shock inesperado. La confirmación de que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo después de las elecciones, aunque no es inmediata, generó una ola de sorpresa en el ámbito político nacional y, por extensión, en Mendoza. El titular lo promete, y la sorpresa radica en que la razón de su alejamiento, aunque fue caratulada como «decisión personal» por fuentes oficiales, esconde una profunda divergencia sobre el futuro de las reformas judiciales.
El ministro Cúneo Libarona ha sido una pieza clave en la ambiciosa agenda de reformas propuestas por el Gobierno, incluyendo la modernización del sistema judicial y la lucha contra el crimen organizado, puntos sensibles que resuenan fuertemente en una provincia como Mendoza, afectada por el narcotráfico y la inseguridad. La versión oficial habla de un regreso a la actividad privada y el cumplimiento de «metas personales». Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Justicia revelan que la verdadera razón es la frustración ante la lentitud del Congreso para aprobar leyes cruciales que Cúneo Libarona consideraba vitales para la transformación del fuero penal.
El ministro era partidario de implementar de forma express el sistema acusatorio, una herramienta que busca agilizar las causas y combatir la impunidad. La resistencia política y los lobbies tradicionales del sector judicial habrían desgastado la voluntad del funcionario, llevándolo a la conclusión de que su visión de una «Justicia rápida y efectiva» no podría concretarse en el corto plazo. La renuncia, por lo tanto, no es solo una «decisión personal» sino un grito de frustración ante la burocracia.
Para Mendoza, la salida de Cúneo Libarona es un llamado de atención. La provincia necesita el respaldo federal para sus propias reformas de seguridad. Su sucesor tendrá el enorme desafío de mantener el impulso reformista en un año electoral complejo. La partida del ministro, un experto respetado, genera incertidumbre sobre quién podrá reemplazar su capacidad técnica y su determinación. La sorpresa inicial se transforma en preocupación: ¿quién garantizará que la reforma judicial nacional, vital para la provincia, siga en pie?
