En una decisión que ha generado controversia en el ámbito inmobiliario, el presidente electo, Javier Milei, expresó su intención de derogar la actual Ley de Alquileres, reformada recientemente en el Congreso.
Esta propuesta ha generado incertidumbre tanto entre los propietarios con contratos vigentes como entre aquellos que han suscrito acuerdos recientemente, en un mercado de alquileres caracterizado por la escasez de oferta y crisis generalizada.
Para Milei, la Ley de Alquileres ha resultado perjudicial y contraproducente, afirmando que «lo único que ha hecho es generar daño» y que terminó afectando a aquellos a quienes pretendía proteger. La incógnita ahora radica en el proceso de derogación, ya que la normativa fue establecida a través del Poder Legislativo y, en principio, no puede derogarse por decreto, a menos que existan circunstancias excepcionales o de urgencia.
Enrique Abatti, abogado especializado en derecho inmobiliario y directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, señaló que la derogación de la Ley de Alquileres podría implicar un retorno a las disposiciones establecidas por el Código Civil y Comercial de la Nación antes de marzo de 2020. Esto implicaría contratos de dos años, en moneda nacional, con ajustes acordados entre las partes (trimestral, cuatrimestral, semestral, entre otras posibilidades) y sin la posibilidad de indexación, entre otras cuestiones. La propuesta ha recibido respaldo por parte de propietarios e inmobiliarias, mientras que agrupaciones de inquilinos la rechazan, generando un debate sobre el futuro del mercado de alquileres en Argentina.
«Lo que habría que hacer es una reforma legislativa en la cual se derogan parcialmente algunos artículos de ambas leyes, fijando otra vez el plazo mínimo de 2 años y dar libertad tanto en el mecanismo como en la periodicidad de establecer los ajustes del contrato, siempre manteniendo la posibilidad de indexar”, aclaró Abatti.
