El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza demolió una vivienda en el distrito San José de Guaymallén en el marco de la Ley Antiaguantaderos (Ley provincial 9727). Con este operativo, la Provincia ya suma 25 intervenciones desde que la norma entró en vigencia, según informó el Gobierno.
Qué pasó en San José
El inmueble, ubicado sobre calle Las Heras, fue derribado como medida administrativa preventiva, en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén. De acuerdo con el parte oficial, la decisión se tomó a partir de denuncias de vecinos que señalaban actividad vinculada a la droga, un incendio previo, reiterados intentos de usurpación y riesgo estructural de derrumbe.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente Marcos Calvente estuvieron en el operativo. «Sigue en marcha el Plan Antiaguantaderos», dijo Rus, y agregó que el terreno será limpiado de escombros y remediado. «Ahora traemos tranquilidad», sostuvo dirigiéndose a los vecinos.
Los números de la ley
Según el Gobierno provincial, el balance de la Ley Antiaguantaderos es el siguiente:
- 25 intervenciones concretadas.
- 15 demoliciones.
- 4 tapiados de inmuebles.
- 6 medidas preventivas, principalmente desalojos.
- Más de 70 expedientes abiertos en análisis.
Cómo funciona
La Ley 9727 habilita a la Provincia a intervenir por vía administrativa sobre inmuebles señalados como aguantaderos, sin esperar una sentencia penal. Según los casos informados por el Gobierno, las herramientas van desde el tapiado y el desalojo hasta la demolición, y se aplican en coordinación con los municipios. El caso de San José muestra el patrón que se repite en los partes oficiales: una casa abandonada, denuncias vecinales, antecedentes de incendio o usurpación y riesgo edilicio.
La herramienta tiene apoyo político del oficialismo y de varios intendentes, que la usan como respuesta visible a reclamos de inseguridad en los barrios. La contracara es que la información pública disponible se limita a los partes de prensa: no hay un registro abierto con la ubicación de cada intervención, los plazos de cada expediente ni el destino posterior de los terrenos.
La política de seguridad de Rus viene sumando otros frentes que pasaron por la Legislatura en las últimas semanas, como las sanciones por celulares en las cárceles y el banco de huellas balísticas y la compra de 1.200 cámaras de videovigilancia, que se adjudicó por encima del presupuesto oficial.
Qué significa para los vecinos
Según el Gobierno, los procedimientos se originan en buena medida en denuncias de vecinos, como ocurrió en San José. En Guaymallén, el municipio de Calvente tiene además abierta otra agenda sensible en el distrito, la de las cloacas y el plan que habilita volcar efluentes al canal Pescara.
El Gobierno no informó cuánto cuesta cada demolición ni quién afronta el gasto de remediación de los terrenos, un dato que permitiría medir el costo de la herramienta para el Estado.
Qué sigue
Con más de 70 expedientes en trámite, la Provincia anticipa nuevas intervenciones en los próximos meses. Box Diario consultó la información pública disponible y no encontró un cronograma oficial de los próximos operativos.
Fuentes: Prensa Gobierno de Mendoza (Ministerio de Seguridad y Justicia).
