El nombre de Julieta Silva vuelve a acaparar los titulares de Mendoza, pero esta vez por un nuevo episodio de violencia que sacude a San Rafael. La mujer, que ya había sido condenada en el mediático caso por la muerte de Genaro Fortunato, recibió una nueva y sorprendente condena: 9 meses de prisión de cumplimiento condicional por golpear a su marido. La noticia desató una ola de indignación, no por la condena en sí, sino por la ligereza de la pena impuesta para un caso de violencia de género, una problemática que la provincia prometió combatir con rigor.
El hecho se remonta a una denuncia por lesiones leves, donde la víctima fue su actual pareja. Lo que llama la atención y alimenta la indignación es el contraste entre la gravedad del delito –violencia doméstica– y la pena recibida, que le permite mantener la libertad. La Justicia de San Rafael, al dictar una pena condicional, parece haber enviado un mensaje contradictorio sobre la seriedad con la que se aborda la violencia intrafamiliar, sin importar el género del agresor.
La nueva condena de Julieta Silva es un duro revés para la narrativa de la rehabilitación y pone nuevamente el foco sobre un sistema judicial que es percibido por muchos como laxo. La sociedad mendocina, que siguió de cerca el primer juicio por el caso Fortunato, se pregunta cómo una persona con antecedentes por violencia grave recibe una pena tan leve por un nuevo delito de la misma índole. El debate se centra en si el cumplimiento condicional es una herramienta adecuada para quien reincide en conductas violentas.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la defensa de Julieta Silva alegó circunstancias atenuantes, pero la Fiscalía insistió en la necesidad de una sanción efectiva que priorizara la seguridad de la víctima. El fallo final, sin embargo, optó por la condicionalidad, obligándola a cumplir ciertas reglas de conducta. Esta decisión judicial no solo mantiene encendida la llama de la polémica en San Rafael, sino que fuerza a Julieta Silva a vivir bajo un estricto escrutinio social y judicial, sabiendo que cualquier desliz la llevará directamente a prisión. La indignación es palpable: la sensación es que la Justicia mendocina perdió una oportunidad de ser ejemplar.
