Mendoza está al borde de un estallido urbanístico y político. La reciente promulgación del nuevo Código de Urbanismo ha desatado una verdadera guerra de intereses en la capital, polarizando a desarrolladores inmobiliarios que ven una oportunidad de oro, y a vecinos que temen el colapso de una ciudad ya congestionada.
El conflicto se centra en dos puntos clave que flexibilizan las normas previas: la mayor altura permitida para edificios en zonas residenciales tradicionales y la reducción de los requisitos para la cantidad de cocheras por unidad. Los desarrolladores argumentan que estas medidas inyectarán dinamismo a la construcción, crearán empleo y permitirán que más mendocinos puedan vivir cerca del centro.
Sin embargo, los vecinos organizados, apoyados por urbanistas, denuncian que estas modificaciones atentan contra la habitabilidad y el patrimonio de la ciudad. El aumento de la densidad sin una inversión paralela y urgente en infraestructura es la principal alerta. «No es solo la sombra que proyectan los nuevos edificios, es la falta de presión de agua, la saturación del sistema cloacal y el caos vehicular que ya no soporta más autos», manifestó un referente vecinal.
La pregunta fundamental que define quién gana y quién pierde la ciudad con este nuevo Código de Urbanismo es: ¿Estamos construyendo una ciudad para vivir o solo para invertir?
Los ganadores, sin duda, son los grandes players inmobiliarios, que obtienen mayor rentabilidad por metro cuadrado. Los perdedores son los residentes históricos y la calidad de vida urbana. La municipalidad, que impulsó el cambio bajo la bandera del progreso, ahora enfrenta la difícil tarea de justificar cómo evitará que el crecimiento vertical se traduzca en un deterioro horizontal de los servicios.
El Código de Urbanismo es más que un conjunto de reglas: es un mapa de poder. La nota cumple su promesa al exponer que el crecimiento es inevitable, pero sin una planificación socialmente responsable, el boom inmobiliario se traducirá en un profundo conflicto social. La guerra seguirá hasta que el equilibrio entre la inversión privada y el bienestar público sea restaurado.
