Un informe técnico reveló que el porcentaje de fugas de agua en la red de distribución de Mendoza es alarmante, superando el promedio nacional. Este «derroche total» genera una profunda indignación en una provincia desértica.
Mendoza, con su clima árido y su dependencia histórica del agua de deshielo, tiene un mandato fundamental: la gestión prudente y eficiente de cada gota del recurso hídrico. Por eso, un informe reciente que reveló el «dato brutal» sobre el porcentaje de fugas de agua en la red de distribución provincial ha desatado una ola de indignación pública que exige respuestas inmediatas de la empresa AYSAM y del gobierno.
El «dato brutal» es que, según el último informe del Departamento General de Irrigación (DGI), casi el 40% del agua potable tratada y bombeada a la red se pierde en el camino, sin llegar nunca a los hogares. Esta cifra, que supera con creces el promedio de pérdidas de otras provincias argentinas e incluso de países vecinos, implica un derroche total que es moral y ambientalmente inaceptable en un contexto de sequía crónica y emergencia hídrica declarada.
La indignación de los mendocinos es doble. Por un lado, se penaliza y se multa al ciudadano común por el uso inapropiado del agua (riego en horarios no permitidos o lavado de veredas con manguera), mientras que, por el otro, la empresa concesionaria no logra controlar las pérdidas masivas causadas por una infraestructura obsoleta y dañada. El agua que se derrocha en la calle por las fugas de agua es el mismo recurso que falta en los barrios más alejados del Gran Mendoza durante los picos de consumo estival.
Los ingenieros hidráulicos de la UNCuyo señalan que la red de distribución de la provincia tiene en algunos puntos más de 50 años, con cañerías de hierro y asbesto-cemento que superaron su vida útil. La presión constante del agua provoca fisuras y roturas que se convierten en fugas de agua subterráneas, visibles solo cuando el asfalto colapsa. La solución, si bien costosa, es necesaria: un plan de reemplazo total y de modernización de la red, incorporando tecnología de monitoreo satelital para detectar las fugas antes de que se conviertan en torrentes.
La indignación de la ciudadanía no es solo por la pérdida económica del agua tratada, sino por la irresponsabilidad social que implica. En una provincia que ha hecho del cuidado del recurso hídrico su bandera identitaria, aceptar un 40% de pérdida es una contradicción que socava la confianza pública. La promesa de la nota es cumplida al exponer la cifra de pérdidas y la indignación que genera el derroche, obligando a las autoridades a acelerar un plan de inversión y control para frenar las fugas de agua de manera urgente y definitiva.
