La convocatoria del Presidente Javier Milei a los gobernadores provinciales para debatir reformas y el Presupuesto 2026 generó una expectativa cargada de incertidumbre. Si bien el discurso oficial se centra en la necesidad de avanzar en la «Ley Bases 2.0» y el paquete fiscal, los analistas políticos y económicos de las provincias señalan que el verdadero motivo de la cumbre es mucho más acuciante y menos visible: la renegociación del reparto de los fondos de coparticipación y la asfixia financiera de las arcas provinciales.
La clave de la convocatoria Milei reside en el déficit cuasi fiscal. El Gobierno nacional ha logrado una reducción significativa del gasto público, pero muchas provincias, incluyendo a Mendoza, enfrentan una caída real en sus ingresos coparticipables debido a la recesión económica y la inflación. El Presidente necesita el apoyo de los gobernadores para la aprobación de leyes sensibles en el Congreso, pero a cambio, estos exigen soluciones concretas para su desfinanciamiento.
El «motivo oculto» de la reunión es el blanqueo de la situación: la Nación busca que las provincias asuman parte del costo político del ajuste, mientras que los gobernadores intentarán negociar un flujo de fondos más previsible o la restitución de ciertos impuestos coparticipables. Este tira y afloja es la fuente de la máxima incertidumbre, ya que un fracaso en la negociación podría paralizar el tratamiento legislativo de la reforma laboral y la impositiva.
Para las provincias, la aprobación de la reforma impositiva, que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, es vital. Pero el miedo radica en que este quid pro quo debilite su autonomía política frente al Poder Ejecutivo Nacional. El ciudadano de a pie, por su parte, observa con incertidumbre si esta cumbre resultará en una mejora de los servicios públicos o en una nueva guerra política que solo profundice la crisis. La promesa es analizar los temas fiscales que se discutirán a puertas cerradas, revelando que la gobernabilidad de Milei depende de la chequera federal y la capacidad de las provincias de conseguir oxígeno financiero.
