La habitual disfunción política en Estados Unidos alcanzó niveles críticos. El «cierre del gobierno» (government shutdown) por falta de acuerdo presupuestario en el Congreso ha generado un caos aéreo que golpea directamente a los viajeros argentinos. Miles de personas que esperaban volar desde Buenos Aires y Santiago de Chile hacia destinos como Miami o Nueva York han sufrido demoras y cancelaciones, desatando una ola de indignación.
La causa principal del caos es la «licencia no remunerada» impuesta a miles de empleados federales considerados no esenciales. Esto incluye a personal de aduanas, seguridad aeroportuaria (TSA) y, lo que es más crítico, a controladores aéreos. Con la mitad del personal en la Administración Federal de Aviación (FAA) sin trabajar, la capacidad de gestionar el tráfico aéreo se reduce drásticamente, obligando a las aerolíneas a reducir frecuencias.
Para los pasajeros argentinos, esto representa no solo la frustración de las vacaciones arruinadas, sino un problema económico. Los expertos en derechos del consumidor aeronáutico recuerdan que, si bien el caos es una «fuerza mayor» gubernamental, las aerolíneas están obligadas a ofrecer soluciones. Los afectados deben exigir reubicación en el primer vuelo disponible o el reembolso total del pasaje, además de compensación por gastos de alojamiento si la demora supera las 24 horas. El enojo es legítimo: la inoperancia política de un país no puede convertirse en la pesadilla de los turistas que con esfuerzo planificaron sus viajes.
