La actividad de ser Influencer, antes vista como un pasatiempo, se ha transformado en una industria millonaria en Argentina. Sin embargo, un controvertido proyecto de ley que circula en el Congreso de la Nación busca darle un giro de tuerca a esta profesión digital: propone que, para ejercer y facturar como Influencer publicitario de manera formal, se requiera un título universitario o un certificado de idoneidad profesional. El anuncio ha generado gran curiosidad y un encendido debate entre la comunidad digital.
La entidad principal es el Influencer, el actor central de esta revolución mediática. El proyecto, impulsado por legisladores preocupados por la falta de regulación en la publicidad digital y la proliferación de contenidos engañosos, no apunta a los creadores de contenido casual, sino a aquellos que generan ingresos significativos por pauta publicitaria. La ley propone la creación de un Registro Nacional de Influencers Profesionales (RNIP).
La curiosidad que despierta el proyecto reside en la naturaleza del requisito. No se trata de cualquier título. El texto preliminar sugiere que los aspirantes a Influencer registrado deberán poseer un título universitario en áreas relacionadas (Comunicación Social, Marketing Digital, Periodismo) o, alternativamente, obtener un certificado de aptitud a través de una institución educativa acreditada, demostrando conocimientos en ética publicitaria, derechos del consumidor y legislación digital.
Los impulsores de la medida argumentan que esto protegerá a los consumidores de estafas, publicidad encubierta o consejos peligrosos (en áreas como salud y finanzas) emitidos por personas sin formación. Creen que profesionalizar la figura del Influencer elevará la calidad y la responsabilidad del contenido patrocinado. Es una medida de «salud pública digital».
Por otro lado, los críticos, principalmente los creators más jóvenes y sin formación académica formal, ven la ley como un intento de limitar la libertad de expresión y de poner trabas burocráticas a una profesión que nació de la horizontalidad. Argumentan que el éxito de un Influencer se basa en la autenticidad y la conexión, no en un título, y que la regulación debería centrarse en sancionar el fraude, no en exigir credenciales. El debate, por lo tanto, se centra en si el conocimiento académico puede o debe reemplazar la popularidad orgánica.
La promesa del titular se cumple al revelar el requisito y explicar el trasfondo de la legislación. Aunque aún es un proyecto, el simple hecho de que se plantee exigir un título universitario para ser Influencer profesional ha desatado una curiosidad masiva, marcando un hito en la regulación de la economía digital en Argentina.
