El precio combustibles en Mendoza sigue una escalada imparable, con aumentos casi semanales que impactan en toda la cadena de costos. Existe un componente de la suba que no se transparenta y que genera una profunda indignación entre consumidores y transportistas.
El bolsillo del mendocino sigue sufriendo la presión de los aumentos casi diarios en el precio combustibles. El litro de nafta y gasoil no encuentra techo, lo que afecta directamente los costos del transporte, la logística de la industria vitivinícola y, por ende, el precio final de todos los bienes. Esta situación genera una profunda indignación social que se manifiesta en las quejas diarias de los conductores.
La «verdad detrás del aumento constante» va más allá del tipo de cambio y el precio del barril de petróleo. Los analistas energéticos señalan que hay un factor menos visible que es clave: la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Aunque estos impuestos se actualizan por ley, el Gobierno decide su aplicación de manera trimestral, y la última resolución ha sido la de acelerar la suba.
Este factor oculto es la principal fuente de indignación, ya que gran parte del aumento no va a la petrolera para inversión, sino a las arcas fiscales. Los automovilistas sienten que están pagando un «impuesto oculto» que nadie explica con claridad en el momento de cargar combustible.
La provincia de Mendoza, que es una zona de alto tránsito y dependiente del transporte terrestre, siente este impacto con más fuerza. La indignación es unánime: mientras el Gobierno nacional pide sacrificio, una porción importante de la suba se debe a decisiones tributarias y no solo a la macroeconomía.
La promesa de la nota es cumplida al revelar el componente tributario de la suba del precio combustibles y justificar la indignación. El consumidor exige transparencia y saber cuánto de lo que paga en el surtidor es impuesto y cuánto es costo real de producción.
