La clase media argentina está al borde de un nuevo latigazo fiscal. Lo que el gobierno ha presentado como una “actualización progresiva” del Impuesto Ganancias es, en realidad, una trampa legislativa que impactará dramáticamente el salario de miles de mendocinos a partir del próximo mes. El proyecto de ley que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y que se votará en el Senado la próxima semana, no solo reduce el mínimo no imponible, sino que introduce nuevas escalas y deducciones complejas que, según economistas consultados por Box Diario, actúan como un devorador silencioso del poder adquisitivo.
La indignación se justifica en la «letra chica» del artículo 5. Mientras el oficialismo festeja la promesa de mayor recaudación, los técnicos tributarios advierten que el ajuste de las alícuotas es tan agresivo que un empleado que gane un 15% por encima del mínimo no imponible terminará pagando un porcentaje significativamente mayor de Ganancias que con la legislación anterior. Esto significa que un ascenso o un bono anual, lejos de representar un beneficio, podría empujar al trabajador a una categoría donde la retención fiscal anula por completo el aumento.
«Están creando una trampa de progresión,» explica el contador Mario Pérez, especialista en impuestos. «En el rango medio de salarios, entre $800.000 y $1.500.000, un incremento nominal del 10% puede resultar en un aumento real de apenas 2% después del impacto del Impuesto Ganancias bajo estas nuevas reglas. Es decir, trabajas más para que el Estado se quede con una porción mucho más grande de ese esfuerzo.»
El aspecto que más ha encendido las alarmas en las cámaras empresariales de Mendoza es la eliminación de ciertas deducciones por cargas familiares y el tope a los gastos educativos, que históricamente sirvieron como paliativos para el sueldo medio. Con estos cambios, un padre de familia con dos hijos y un sueldo de clase media verá su carga impositiva crecer de manera exponencial.
Esta política fiscal parece diseñada para exprimir al máximo a un sector que ya está agotado por la inflación y la inestabilidad económica. La promesa electoral de «alivio fiscal» ha quedado reducida a cenizas, siendo reemplazada por una reforma que consolida la sensación de que el esfuerzo del ciudadano común es constantemente castigado. La votación de la semana próxima será crucial, y la presión de la calle, que ya se siente en las redes sociales, podría ser el último recurso para frenar lo que se percibe como un despojo al salario.
