Hoy se define en Estados Unidos si el país debe pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF. Un inesperado recurso de último momento es la única esperanza para evitar el desastre económico total.
La República Argentina se encuentra al borde de una de las decisiones judiciales más impactantes de su historia reciente. En la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el equipo legal del Estado Nacional está jugando lo que muchos analistas consideran su «última carta» para anular el fallo del juez Loreta Preska que condenó al país a pagar una cifra estratosférica: 16.100 millones de dólares, a favor del fondo Burford Capital por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Este monto, si se confirma, representa una amenaza existencial para las ya frágiles reservas del Banco Central y el futuro fiscal de la nación.
La audiencia de este miércoles es crucial. La estrategia argentina, construida meticulosamente en las últimas semanas, se centra en un tecnicismo legal que busca demostrar que la sentencia de Preska viola principios fundamentales del derecho internacional y de la propia jurisprudencia estadounidense. En el corazón del argumento de la defensa yace la premisa de que el fondo Burford Capital no tenía derecho a demandar bajo las leyes argentinas de ofertas públicas al momento de la expropiación. Es una maniobra compleja, de alto riesgo, que si fracasa, consolida el pago.
El temor que se cierne sobre el mercado y la clase política no es exagerado. Un desembolso de esta magnitud obligaría al Gobierno a buscar mecanismos extraordinarios de financiamiento, probablemente emitiendo nueva deuda o, en el peor de los escenarios, utilizando reservas clave para la estabilidad cambiaria. El impacto se sentiría en el día a día de cada ciudadano: desde una potencial corrida cambiaria hasta un ajuste fiscal más severo para compensar la pérdida. La palabra que resuena en los pasillos de la Casa Rosada y en las mesas de inversión es una sola: miedo.
La «carta final» a la que alude la sinopsis es, precisamente, el giro en el foco del argumento. No se trata de discutir el acto de la expropiación en sí, sino la legitimidad del demandante para reclamar bajo esas circunstancias específicas. Los abogados argentinos están intentando convencer al tribunal de apelaciones de que la aplicación retroactiva de ciertas interpretaciones legales fue incorrecta, un detalle técnico, pero con consecuencias de 16 mil millones de dólares.
Mientras se espera la definición, la tensión es palpable. El resultado no solo afectará las arcas del Estado, sino que sentará un precedente sobre cómo los fondos de inversión litigan contra países soberanos, especialmente en América Latina. La esperanza es tenue, pero el esfuerzo legal es real. La ciudadanía observa, con el aliento contenido, la posibilidad de que un solo fallo judicial borre de un plumazo años de esfuerzo económico. La cifra es tan alta que ha desplazado cualquier otro debate político o económico del centro de atención. La decisión de hoy definirá si Argentina enfrenta un futuro con un agujero fiscal equivalente a un año de exportaciones de servicios.
