El proyecto de Presupuesto Nacional para 2026 ha encendido una luz de Angustia en el sector educativo, con análisis preliminares que indican una contracción histórica en la inversión. En términos del Producto Bruto Interno (PBI), la partida destinada a educación será la segunda más baja en catorce años, revirtiendo décadas de progreso en la asignación de recursos.
La Angustia del sector no es solo por la cifra total, sino por la «letra chica» de los recortes. El Presupuesto muestra una reducción drástica en dos áreas fundamentales: a) Infraestructura escolar y b) Programas de incentivo y conectividad. La disminución de fondos para infraestructura impacta directamente en la capacidad de las provincias, incluyendo Mendoza, para mantener y construir escuelas, lo que perpetúa los problemas de hacinamiento y falta de mantenimiento edilicio.
Aún más alarmante es el recorte en los programas de incentivo, que incluyen fondos para la jornada extendida y la compra de materiales didácticos y tecnológicos. Esto tiene un efecto regresivo, afectando directamente a las escuelas en zonas vulnerables y ampliando la brecha digital entre estudiantes. La Angustia de los docentes es que deberán lidiar con mayores demandas con menores recursos.
El copywriting emocional de esta Nota se enfoca en la consecuencia: el riesgo de una caída en la calidad educativa y el aumento de la conflictividad gremial. Al no garantizarse los fondos necesarios para acompañar la inflación en los salarios, se augura un ciclo de paros y movilizaciones que afectarán el normal dictado de clases.
El Presupuesto 2026, al ser el más bajo en tanto tiempo, genera una legítima Angustia en la sociedad. La promesa de valor es advertir a los padres y la comunidad sobre las consecuencias de estos recortes. La solución, según los especialistas, pasa por una reasignación de partidas en el Congreso que priorice la inversión educativa como motor de desarrollo a largo plazo.
