El gobierno evalúa la posibilidad de incluir la nominación de magistrados en las sesiones extraordinarias, una jugada con alto voltaje político. Esta movida busca cubrir vacantes históricas y asegurar una mayoría afín antes de fin de año.
La inminente jugada del presidente Javier Milei para nombrar rápidamente a los miembros faltantes de la Corte Suprema de Justicia desató una ola de tensión en el ámbito judicial y político. La intención sería aprovechar la convocatoria a sesiones extraordinarias para impulsar los pliegos y asegurar que los nuevos magistrados asuman antes del receso de verano, un movimiento considerado audaz y controversial.
Actualmente, el máximo tribunal opera con miembros, dejando vacantes de alto impacto. La movida presidencial apunta a redefinir el equilibrio ideológico de la Corte, garantizando que futuras decisiones clave, especialmente aquellas relacionadas con reformas económicas y laborales, encuentren un respaldo mayoritario.
Fuentes cercanas al Ejecutivo deslizaron que los nombres en carpeta buscan un perfil técnico y de estricta interpretación constitucional. La oposición ha levantado la voz de alarma, criticando la celeridad y el momento político elegido, argumentando que una designación apresurada socava el necesario debate y la transparencia que requiere la elección de un juez de la Corte Suprema.
El reglamento constitucional exige que los pliegos pasen por el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia, lo que obliga a una intensa negociación con bloques provinciales. Expertos en derecho constitucional advierten sobre los riesgos de politizar aún más el tribunal. Una Corte Suprema con mayoría alineada podría facilitar la agenda del Gobierno, pero a costa de la independencia judicial. La expectativa se centra ahora en la capacidad del oficialismo para obtener el consenso necesario en la Cámara alta, donde cada voto será decisivo para el futuro de la justicia en el país.
