Una nueva ley aprobada por el Senado mendocino propone sancionar económicamente a los padres de menores que ejerzan acoso escolar recurrente. La medida generó un debate feroz entre quienes la ven como un castigo necesario y quienes denuncian que se atenta contra la autoridad parental.
El proyecto que busca responsabilizar a los adultos por los actos de acoso escolar cometidos por sus hijos desató una ola de indignación y apoyo a partes iguales en Mendoza. Tras su aprobación en el Senado, la ley establece que los padres de menores identificados como agresores reiterativos podrían enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la obligación de asistir a talleres de reeducación parental.
La iniciativa, promovida por la necesidad de frenar el alarmante aumento del bullying en la escuela en la provincia, parte del principio de la «negligencia en la guarda». Los legisladores sostienen que el acoso no es solo un problema de los niños, sino un reflejo de la falta de supervisión y valores inculcados en el hogar. La ley busca ser un disuasivo que obligue a los padres a involucrarse activamente en la conducta de sus hijos.
Sin embargo, la reacción de un sector de la sociedad, incluidos grupos de abogados y organizaciones de defensa de la familia, fue inmediata. La crítica principal apunta a que la ley criminaliza la parentalidad y no aborda las causas profundas del bullying, como la salud mental o la exposición a la violencia. “Poner una multa no soluciona un problema social complejo, solo lo monetiza”, declaró un referente de una ONG local.
Para los defensores de la norma, la situación es clara: es la única forma de que los bullying padres se hagan cargo. La ley establece un protocolo claro: la escuela primero debe intervenir con herramientas pedagógicas; solo ante la reincidencia grave y comprobada, se notifica a la Justicia para aplicar la sanción a los tutores. La implementación de esta norma convertirá a Mendoza en una de las provincias más estrictas en el abordaje legal de la violencia escolar, marcando un precedente que será observado por todo el país y que busca terminar con la indignación de las víctimas.
