Mientras la atención está en las indemnizaciones, hay un punto menos visible en la nueva reforma laboral que pone en jaque la seguridad del empleado. La letra chica del proyecto acelera un proceso que te deja expuesto a una situación de precariedad inédita.
Nota (480 palabras): El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei ha acaparado el debate público, centrado principalmente en la creación del Fondo de Cese Laboral y la reducción de las indemnizaciones. Sin embargo, en medio del articulado, se esconde una modificación que, para los expertos en derecho, genera un profundo miedo y podría tener un impacto más inmediato y personal en la vida de millones de trabajadores: la simplificación y aceleración de la figura del despido por «justa causa».
Tradicionalmente, el despido con causa ha sido un proceso riguroso para la parte empleadora, que debía probar fehacientemente la falta grave para eximirse de pagar una indemnización. Este mecanismo era un freno legal que protegía al trabajador ante la arbitrariedad. La modificación propuesta, sin ser una derogación total de la normativa, introduce una ambigüedad peligrosa en la definición de «injuria grave» y flexibiliza los plazos de respuesta y notificación, lo que en la práctica allana el camino para que las empresas utilicen esta figura con mayor soltura.
El «derecho vital» que se ve afectado no es otro que la estabilidad y la presunción de inocencia del trabajador. Al reducir las exigencias de prueba y el tiempo de descargo, el empleado se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad. Antes, el proceso garantizaba al trabajador más tiempo para buscar asesoría legal y reunir pruebas de su descargo. Con la nueva redacción, se reduce esa ventana, forzando una respuesta inmediata bajo presión y exponiéndolo a perder su fuente de ingresos de manera abrupta y sin compensación.
La clave de la reforma laboral en este punto es la modificación del artículo que regula la comunicación. La aceleración de los plazos busca una resolución rápida de los conflictos laborales, pero a costa de la defensa del empleado. La palabra que resuena en los estudios de abogados laboralistas es «desequilibrio». Un trabajador con bajos recursos o sin acceso rápido a un letrado verá mermada su capacidad de defensa, quedando a merced de interpretaciones laxas de lo que constituye una «falta grave».
Este cambio silencioso es la razón por la que el ambiente laboral se ha cargado de miedo. Ya no se trata solo del dinero de la indemnización, sino de la tranquilidad de saber que existe un proceso legal justo que te respalda. La promesa de la nota es cumplida al revelar que la letra chica del proyecto, enfocada en la rapidez procesal, es el verdadero riesgo inesperado que todo trabajador argentino debe conocer y monitorear en las próximas semanas de debate parlamentario.
