La relación entre Washington y Bogotá ha entrado en un territorio de alta turbulencia. El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento del Tesoro, anunció la imposición de graves sanciones USA contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y miembros clave de su círculo íntimo. La medida, que incluye el bloqueo de bienes y activos en territorio estadounidense, se basa en la escalofriante acusación de haber beneficiado a «organizaciones narcoterroristas». Esta decisión unilateral ha generado un Miedo generalizado a una ruptura diplomática y un cambio de alianzas en el tablero regional.
La lista de sancionados es larga e impactante: incluye al propio presidente Petro, a su esposa, su hijo y al ministro del Interior, configurando una de las medidas más duras jamás aplicadas por Washington a un líder en ejercicio en América Latina. El documento del Tesoro alega que las políticas implementadas por la administración Petro han debilitado la lucha contra el narcotráfico y han proporcionado un terreno fértil para el crecimiento de grupos armados ilícitos.
La ofensiva de Trump, a días de las elecciones en Argentina, es interpretada por analistas como una clara señal política. La Casa Blanca busca reafirmar su postura de «tolerancia cero» con gobiernos que considera laxos en la lucha contra el narcoterrorismo, aunque la selectividad de las sanciones USA levanta sospechas de una motivación política para desestabilizar un gobierno de izquierda.
El impacto en Colombia es inmediato. Políticamente, el gobierno de Petro deberá enfrentar una crisis de legitimidad y una ola de Miedo entre sus funcionarios. Económicamente, el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses afectará la capacidad de negociación y lobby del círculo presidencial. La pregunta que flota en el aire es: ¿se trata de una medida puramente legal o de una escalada diplomática con tintes electorales?
La cancillería colombiana ha respondido con indignación, calificando las acusaciones de «infundadas y difamatorias» y convocando al embajador de Estados Unidos para exigir explicaciones. Sin embargo, el Miedo a las consecuencias de estas sanciones USA es real. El precedente es peligroso y marca una nueva y más agresiva era en la política exterior estadounidense hacia la región, donde las acusaciones de narcoterrorismo se convierten en un arma geopolítica de primer orden. La región se prepara para un periodo de alta incertidumbre y tensión.
