Entre los puntos más destacados de la Ley Ómnibus, se encuentra la redefinición de la autoridad de aplicación y un cambio significativo en el lenguaje inclusivo.
Uno de los cambios más llamativos en el proyecto es la eliminación del lenguaje inclusivo en la Ley de «1000 Días». El texto propuesto sustituye la redacción original que abordaba la atención y cuidado integral de la salud de mujeres y personas gestantes, así como de niños y niñas en la primera infancia, por un enfoque más específico en «madres en situación de vulnerabilidad y niños desde el momento de su concepción hasta los tres años».

El proyecto también busca reformar varios artículos de la Ley de «1000 Días», incluyendo el artículo 3 que establece objetivos para garantizar la atención integral de la salud de mujeres, personas gestantes y niños hasta los tres años de edad. Se propone agregar al capítulo 3 aspectos como la «detección y asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer», el acompañamiento familiar y el fortalecimiento de la primera infancia.
Otro punto de reforma destacado es el artículo 16, que actualmente se refiere al «modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad». La modificación propuesta ajusta este artículo para enfocarse en «un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres embarazadas y sus hijos por nacer».

Finalmente, el proyecto de Ley ómnibus establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano o el organismo designado por este, coordinando con el Ministerio de Salud, la Anses y otros organismos relevantes para la implementación de la ley.
Adicionalmente, la iniciativa gubernamental busca modificar la Ley de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia Contra las Mujeres, conocida como Ley Micaela, proponiendo capacitaciones específicas en la temática de violencia familiar y contra la mujer para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.


